Este acuerdo tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, lo cual contribuye a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

México al ser uno de los países miembros del acuerdo se compromete a lograr un entorno seguro para las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.

Durante el año 2020 en México se documentaron 65 conflictos que desencadenaron en algún tipo de agresión, predominó el tipo de agresión tipificado como homicidio con un 20%, respecto a las entidades federativas con mayor reporte de agresiones, sobresalen los estados Chiapas, Campeche y Chihuahua (Leyva et al, 2020).